El temporal de lluvia y nieve, la investidura de Donald
Trump, los fichajes futbolísticos de invierno… y así podríamos enumerar una
infinidad de temas de los que nos nutrimos con el alimento informativo que nos
suministran los medios de comunicación. Cada español dedica, de media, 223
minutos al día a contemplar los programas que ofrecen las diferentes cadenas de
televisión. Si revisamos los más vistos, resulta complicado que no haya dos o
tres espacios informativos cada jornada entre los cinco con mayor audiencia.
La prensa impresa reúne alrededor de sus páginas a diez
millones y medio de españoles a diario, según los últimos datos recabados por
la Encuesta General de Medios (EGM). La misma que certifica otros tantos lectores
para suplementos de periódicos y revistas semanales. El 60% de la población
española sintoniza, en algún momento del día, una emisora de radio.
Y si volvemos a la
televisión, su tasa de penetración entre el público llega al 88%, 16 puntos más
que internet. Facebook, con toda su expansión, tiene menos cuentas en España que
oyentes la radio. La edición digital de dos diarios supera cada día el conjunto
de entradas y visualizaciones en Twitter. Sin ahondar en que una inmensa
porción de las actualizaciones de los usuarios de estas redes sociales se basan
en enlaces a ediciones digitales de periódicos.
La sociedad consume con avidez medios de comunicación porque
le aportan un valor fundamental, la información. Ya sea de la meteorología, de
su equipo de fútbol, del partido político con el que simpatiza, del corte de
calles en su ciudad, del cantante al que admira o de la serie de televisión que
reponen. Y detrás de ese contenido, existe el trabajo denodado de miles de
periodistas. Por desgracia, cada vez menos.
El informe que en 2016 impulsó la Unió de Periodistes sobre
la situación de este ámbito laboral en la Comunidad Valenciana demuestra que el
paro alcanza al 36,8% de los profesionales, un dato que supera en 16 puntos el
20% en torno al cual se sitúa el porcentaje de paro en el global de la
población que convive en el territorio autonómico.