Los presupuestos participativos se han multiplicado después
de las elecciones municipales de 2015. Esta denominación la recibe el proceso
que abre a los vecinos de una población la posibilidad de decidir en qué actuaciones
invertir una parte del presupuesto de su respectivo ayuntamiento. Andalucía, en
los albores de este siglo, fue pionera en España en la citada práctica, y más
en concreto la provincia de Córdoba. Desde entonces se ha extendido, aunque el
grado final de participación resulta bastante reducido. En gran medida la falta
de información lastra la implicación vecinal.
En 2016 apenas el 1,07 de vecinos empadronados en Zaragoza y
el 0,89% de los pertenecientes a Valencia votaron en qué querían invertir la escasa
parte del presupuesto que queda al
criterio ciudadano. Los proyectos, bastante delimitados, suelen centrarse en
mejora de espacios públicos, rehabilitaciones, jardines o carril bici. El
segundo año, en 2017, la participación en Valencia no ha llegado al 3%, motivo
por el que la propia presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos,
María José Broseta, ha llamado la atención al Consistorio.
Después, si miramos datos de ejecución de esa voluntad
municipal, el resultado puede desanimar en ciudades como La Coruña, donde no ha
llegado a llevarse a cabo en 2017 ni una tercera parte de las medidas aprobadas
por los ciudadanos para estar concluidas ese año. Sí, los ayuntamientos que han
potenciado la implicación de los vecinos destacan que lo logrado en
participación y en ejecución supera con creces lo existente anteriormente.
Pero, ¿basta con eso o se puede aspirar a más?
