Un amigo asegura que en España no se puede realizar gestión telefónica alguna. Ante esta tesitura, él opta por desplazarse a pie a todos los lugares en los que ha de desarrollar algún trámite. Lo hace, desde luego, cuando dispone de tiempo. De lo contrario le resulta imposible llevar a cabo muchas de esas gestiones.
Razón no le falta. Tanto empresas públicas como privadas han optado por sangrar más si cabe la maltrecha economía de sus usuarios acribillándoles con tasas telefónicas, desde bancos hasta el propio Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) que, para solicitar cita previa, obliga a llamar a un 901, con el consiguiente gasto para el usuario. Este último, en la mayoría de ocasiones, es una persona desempleada para la que cada euro adquiere un valor casi sagrado.


¿A dónde estamos yendo a parar? El ciudadano de a pie es golpeado por las tasas e impuestos con los que le acribilla ese gobierno que prometió no subir una sola. Bueno, ese y los de los siguientes escalafones, porque la metralla proviene del ejecutivo central, del autonómico y del ayuntamiento de turno en forma de subida de IBI.
Basta
Si a esa circunstancia sumamos un encarecimiento de la prestación de servicios básicos como luz, gas o gasolina la situación se agrava sobremanera. Y, para rematar, las entidades privadas en las que hemos depositado nuestra confianza nos están bombardeando con pérfidas tácticas para esquilmarnos lo poco que nos queda, como las tasas por mantenimiento de cuentas o el abono de una cantidad simplemente por realizar una consulta telefónica. Para algunos el abuso parece no tener límites. Hasta que todos nos plantemos y digamos ´basta ya´.
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