Comunicación y transparencia

La comunicación de las instituciones y, sobre todo, la que aplican y desarrollan sus responsables públicos, constituye una de las bases sobre las que se sustenta la transparencia. De que se produzca con asiduidad y eficacia depende en buena medida alcanzar el objetivo cada vez más demandado de disponer de un gobierno abierto. De lo contrario continuaremos sumidos en la opacidad que caracteriza la gestión de buena parte de las acciones de los responsables políticos en su esfera pública.

El proyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que está a punto de aprobar, ligeramente enmendada, el Congreso con la mayoría del PP,  establece literalmente que las personas físicas o jurídicas que ejerzan potestades administrativas “publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad”. Ese matiz de relevancia queda, hasta la fecha, tamizado por los intereses propios de los responsables públicos. Deciden ellos aquello que resulta relevante desde su punto de vista.

Diario Levante-EMV (29-11-2013). Pág. 76

Para que resulte creíble y eficaz la transparencia esa relevancia debería de extenderse o generalizarse a aquellas cuestiones que los medios de comunicación consideren noticiosas o de interés colectivo para los ciudadanos, o, como mínimo, para la parte de la ciudadanía que conforma su audiencia. Desde luego, podría aceptarse el margen que estatuye el mismo proyecto, que establece límites lógicos como la seguridad nacional, la defensa o la investigación de ilícitos penales. Pero no mucho más.

¿Qué implicaría una aplicación estricta de esta ley de transparencia? Por ejemplo, que los cargos públicos no pudieran excusar una respuesta en una rueda de prensa aduciendo el tristemente manido “de eso no toca hablar ahora” o “no he venido a tratar ese tema”. Habrían de argumentar su negativa esgrimiendo uno de esos límites aludidos en el anterior párrafo y señalados en el artículo 11 del proyecto de transparencia.

Desde luego, ni por asomo, en esa rendición de cuentas públicas cabe la figura del simulacro de rueda de prensa coartada por el impedimento de preguntar.  Tampoco el retraso en ofrecer explicaciones públicas sobre decisiones importantes. Ni la negativa a afrontar una entrevista con un periodista. El político responsable de una institución no debería, conforme a la nueva legislación, marcar la agenda de sus comparecencias. La establece, como fija el artículo 4 de los principios generales “la actualización de la información”. La actualidad, en definitiva.

Si, como recalca la disposición final primera de este proyecto en la matización del artículo 37, “los ciudadanos tienen derecho a acceder a información pública, archivos y registros”, los medios de comunicación adquieren, implícitamente con este proyecto de ley, una mayor importancia si cabe como cauces de ese acceso para los ciudadanos. Por ese motivo, el anuncio del cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) constituye un ataque en plena línea de flotación de esa transparencia que pregonan los responsables públicos. Eliminando medios de comunicación difícilmente puede lograrse.

Artículo publicado en el diario Levante (29-11-2013). Redactado antes de la aprobación en el Congreso de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (28-11-2013), y también de la aprobación, en las Cortes Valencianas, de la ley de liquidación de RTVV (27-11-2013)