Ximo Puig reedita la decisión adoptada por Francisco Camps,
antecesor (con la salvedad intercalada de Alberto Fabra) como presidente de la
Generalitat, de nombrar a un jurista para ocupar la Secretaría Autonómica de
Comunicación. Si en 2004 Camps recurrió a la abogada Paula Sánchez de León, en
este caso Puig se inclina por un reputado profesor de Derecho Constitucional,
José María Vidal. Ambos han esquivado el lógico perfil periodístico para este
cargo que sí tenían los predecesores de los citados Sánchez de León (Pedro
García en aquel caso) y Vidal (Lydia del Canto, en 2015).
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| Levante (19-10-2015).. Página 25 |
Al igual que ya hizo Sánchez de León, el docente de Derecho
Constitucional tendrá entre sus funciones la firma del reparto de licencias de
televisión y radio. En 2004 la que luego ejerció de consellera de Justicia
suscribió una polémica distribución de concesiones que tuvo como principales
muñidores al propio presidente de la Generalitat y a su conseller portavoz,
Esteban González Pons, que fue quien directamente presentó en rueda de prensa
el resultado de sus deliberaciones.
Casi once años más tarde Vidal asume el reto de afrontar un
proceso similar (espero que con mayor transparencia) y de desenmarañar el
entramado jurídico que permita habilitar una radiotelevisión pública valenciana.
¿Constituyen motivos suficientes para nombrar a un jurista secretario
autonómico de Comunicación? Desde mi punto de vista, no.
El diseño de la estrategia de comunicación del Consell, la
transmisión de su gestión política y práctica y lograr que esa labor cale en un
ciudadano exigente y ávido de mejoras económicas, depende en gran medida de
escoger a la persona idónea para ese cargo. ¿Lo es Vidal? El tiempo
dictaminará.
En cualquier caso, el perfil adecuado habría sido el de un
profesional de la comunicación formado y cualificado para procesar y transmitir
información, habituado a trasladar esos datos a la sociedad y conocedor de la
estructura comunicativa valenciana (no únicamente de la de RTVV). Creo más en
la figura de un periodista curtido en medios y acostumbrado a difundir. Al fin
y al cabo, la comunicación se basa en la escucha y en la traslación de
contenidos, en el intercambio e interpretación de mensajes en ambos sentidos.
La responsabilidad del nuevo secretario autonómico puede
prolongarse toda una legislatura y consistirá en mucho más que en rubricar un
reparto de licencias. De cerciorarse de la legalidad de este último proceso
pueden ocuparse los servicios jurídicos del Consell.
Del departamento de Vidal dependerá, por ejemplo, la
coordinación del equipo de comunicación de Presidencia y de los gabinetes de
prensa de las diferentes consellerias. Cierto que la dilatada experiencia
periodística del director general de Relaciones Informativas, Ximo Clemente,
constituye un báculo de garantías. No obstante, no puede cargarse sobre sus
únicas espaldas una labor tan compleja y fundamental como la de organizar toda
la comunicación de la Generalitat. De hecho, si existe una secretaría
autonómica con esa denominación específica debería de ocuparla alguien con un
perfil periodístico acreditado para, en conexión con el director general,
organizar de manera adecuada un área de esta envergadura e importancia.
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