Estamos en una época reivindicativa, en la que se utilizan los vocablos democracia y votación como sinónimos, y en la que se reclama plebiscitos, referendos o cualquier tipo de consulta popular como antídoto ante disputas o controversias. En este contexto, llama poderosamente la atención la contradicción entre lo que algunas formaciones políticas reclaman en determinados contextos (normalmente cuando se sientan en la bancada de la oposición) y aquello que aplican en otros (en corporaciones donde mandan).El cambio de la denominación de 51 calles de Valencia constituye un ejemplo palpable. Un total de 17 personas (nueve ediles de Compromís, cinco de PSPV y tres de València en Comú) han decidido poner otro nombre al lugar donde habitan miles de convecinos suyos. Han acordado que las figuras que evocaban los rótulos anteriores no corresponden a los criterios que esas 17 personas consideran válidos. Y, sin consultar a los afectados ni explicar con detalle por qué las nuevas denominaciones resultan más correctas, han procedido a ese cambio de rótulos.
Su decisión atañe a miles de habitantes de la ciudad, como insisto. El tercer dato personal más solicitado en cualquier formulario tras nombre y apellidos y DNI varía para los afectados. Esa denominación que han repetido o escrito incontables veces cuando les han preguntado por su dirección han de sumergirla en su baúl mental y adaptarse a una nueva, a repetir el nombre de una persona que posiblemente no les evoque sentimiento ni recuerdo alguno.
