El alcalde de La
Pobla de Farnals, José Manuel Peralta, ha dado un paso más en su ya
conocida intransigencia ante cualquier crítica o postura opuesta ante la suya
expresada públicamente. En este caso, con el beneplácito de una junta de
gobierno totalmente rendida a su servicio, ha aprobado utilizar todos los
recursos necesarios para defenderse de cualquier manifestación o denuncia
realizada contra la alcaldía o su equipo. Es decir, que demandará a quien lance
críticas en público contra su gestión. Y lo hará con dinero de La Pobla de
Farnals.
Patético. De todos los que trabajan en su entorno es de
sobra conocido que Peralta a duras penas
admite reproches. Ni tan siquiera sugerencias. Tanto que, cuando ganó
por primera vez las elecciones locales, en 2007 y se aupó al sillón
presidencial, no tuvo reparo alguno en imponerse un desorbitado sueldo que
rondaba los 90.000 euros. Ni caso al malestar patente de algunos compañeros.
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| José Manuel Peralta. Imagen publicada en la web oficial de su municipio |
Tampoco le sirvió que dos de sus propios concejales
decidieran pactar una moción de censura con el PSPV para destronarle y que lo
enviaran directamente a la oposición. En 2011 volvió, pletórico, con otra mayoría absoluta. Y otra vez a
manejar a su antojo el Consistorio. Chapado en una mentalidad desfasada, parece
considerar que ejercer de alcalde equivale a gobernar como amo y señor su
municipio.
Los tiempos han cambiado. Un cargo institucional, máxime en
la dramática situación actual, ha de ser y mostrar un carácter de servidor
público. Más claro, quien ocupa un cargo no lo hace para decidir a su antojo,
durante un mandato, cómo distribuye las dependencias de un ayuntamiento, que
planes urbanísticos aplica siguiendo unos intereses arbitrarios o a qué destina
el erario colectivo.
Al contrario, el ciudadano deposita en ese político una
confianza efímera, le cede la gestión de unos bienes comunes. Después,
transcurridos cuatro años, valorará su eficacia en las urnas. De analizar su
honradez ya se encargará, si existe la mínima denuncia de duda, el tribunal
competente. Tanto Peralta como cualquier otro dirigente local han de tener
claro que no son plenipotenciarios y que, tarde o temprano, alguien les exigirá
responsabilidades. Torres mucho más altas han caído. Y, si no lo creen, que
recuerden quién presidía la Generalitat en 2010 y dónde está ahora.
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