El Gobierno ya ha anticipado que proporcionará un permiso de residencia especial, por razones de interés económico, a quienes acrediten ser inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores o científicos. Mientras, recorta las aportaciones públicas a centros de investigación y obliga a emigrar a miles de españoles con alta cualificación.
El ejemplo más nítido lo hemos apreciado en Nuria Martí, licenciada en Biología por la Universidad de Valencia y despedida del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe tras un expediente de regulación de empleo (ERE) que no distinguía talento, cualificación o valía. Tan solo sueldos que ahorrarse. Ha tenido que desplazarse a Oregón (EEUU) para demostrar su calidad investigadora y convertirse en referente mundial por formar parte del equipo que ha clonado células madre embrionarias.
Por otra parte, y si nos atenemos a motivos más humanitarios y solidarios, tampoco resulta equitativo –desde ese punto de vista antropológico- negar el permiso de residencia e incluso el asilo a miles de inmigrantes de diferentes partes del mundo que llegan con enorme ilusión y ganas de trabajar.
El ejecutivo de Rajoy va a determinar, con su nueva normativa, que no pueden quedarse en España por la simple razón de que no tienen medio millón de euros para comprar una vivienda o por no haber dispuesto de la oportunidad para formarse y pulir su ingenio. De contar con ese dinero o con un millón de euros para gastar en deuda pública y acciones en empresas o depósitos bancarios sí que les permitirían residir. Injusto.
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