Hace escasos días, en un diálogo informal, un pequeño empresario que dirige a menos de una decena de trabajadores comentaba que su empresa, a pesar de los duros envites de la crisis, funciona medianamente bien, sus productos tienen demanda y factura sus servicios. No obstante, se ve abocada a negociar un crédito de condiciones leoninas con una entidad bancaria para asegurar el pago de nóminas. En total ha solicitado 45.000 euros.
El motivo, que la Generalitat le adeuda más de 200.000 euros por trabajos realizados en los últimos años. Esa morosidad está ahogando a una empresa que todavía logra sobrevivir en la tempestad económica actual. El disparate no puede ser mayor. Este empresario se ve obligado a pedir un préstamo que apenas asciende a la cuarta parte de lo que le debe la administración autonómica. Con que esta saldara un 25 por ciento de esos 200.000 podría funcionar tranquilamente sin necesidad de endeudarse.
Arrojar al precipicio
En lugar de gobernar, de velar por el bien colectivo y de poner los mecanismos para que fluya la economía, el Gobierno valenciano –y en cierto modo, aunque no tanto, el nacional- está conduciéndola hacia el precipicio. No existe sector al que no afecten no ya los recortes, sino el retraso en los pagos comprometidos.
¿Qué hace la administración cuando alguien debe un impuesto y no paga? Sin la más mínima conmiseración le señala públicamente difundiendo su nombre en un boletín oficial y trata de embargar dinero de su cuenta. ¿Y cómo podemos defendernos los ciudadanos cuando ocurre lo contrario, que quien no paga es la entidad pública?
¡Qué desproporción entre las prerrogativas de las instituciones que nos dirigen y la indefensión del español medio! No solo hemos soportado una nefasta gestión política con los bienes públicos sino que, para colmo de males, también contemplamos impotentes cómo arruina los privados.
Columna publicada en diariocriticocv.com. La puedes leer pinchando aquí
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