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| Alfonso Rus, presidente Diputación |
La Diputación Provincial de Valencia ha aprobado una serie de normas de conducta con el teórico fin de comenzar a volverse transparente para los ciudadanos, con el objetivo de eliminar opacidades. Entre estas medidas destaca publicar los sueldos de sus diputados y, como novedad, difundir también de cuántos asesores dispone y qué dinero percibe cada uno, o cuántos vehículos configuran su parque móvil y con qué criterios los utiliza.
Hablamos de actuaciones de mínimos, para abrir boca, pero que, lamentablemente, sorprenden por su carácter inusual. Hasta la fecha, tanto en esa institución como en el resto, resulta prácticamente imposible averiguar el sueldo íntegro (con todos los pluses) de un diputado. Y mucho menos conocer la cifra exacta de asesores políticos adscritos a una corporación ya que, además de los asignados a cada grupo, también se hallan los que dependen de Presidencia o de otras áreas.
Expertos en el llamado ´open government´ (prefiero el castellano ´gobierno abierto´) como el politólogo José Luis Sahuquillo insisten hasta la saciedad en que el ciudadano debe tener acceso a la gestión y distribución de los fondos públicos. En algunos de sus artículos ha comparado estados y autonomías para reseñar que la valenciana se halla entre las menos translúcidas. Los ciudadanos nos enteramos de más datos por las pesquisas de periodistas como Carles Torrijos (www.sueldospublicos.com) que por su publicación en las páginas oficiales.
Nuestros políticos dan pasos de tortuga galapagueña para subrayar que empiezan a transparentar. Por desgracia, todavía estamos muy lejos de que así suceda. Queda mucho camino por recorrer y vamos con demasiado retraso. El de la Diputación de Valencia constituye un primer paso. Únicamente eso.
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